Retraso en la Ley de Salario Mínimo: El aumento se hará efectivo de manera retroactiva

En medio de la expectativa por el aumento del salario mínimo, la realidad legislativa ha causado un pequeño revés. El proyecto de ley que define el reajuste del ingreso mínimo debía entrar en vigencia este mes de mayo, sin embargo, su tramitación ha experimentado un inesperado retraso. Este contratiempo viene tras las modificaciones hechas por el Senado, organismo que rechazó dos puntos cruciales del proyecto, ocasionando que dicho proyecto retorne a la Cámara Baja para continuar su proceso legislativo.

Las discrepancias se centraron en la creación de un observatorio tripartito para monitorear los costos de la vida y una medida destinada al fortalecimiento del Fondo Sindical. Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en espera de la resolución final, que ahora se prevé para los primeros días de junio.

No obstante, hay buenas noticias para los trabajadores que temían por los efectos de esta demora. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ha transmitido un mensaje tranquilizador, asegurando que el reajuste tendrá carácter retroactivo desde el 1 de mayo. Esto significa que, sin importar cuándo se complete la aprobación del proyecto, la ley resguardará los ingresos tanto en el ámbito del salario neto como de las prestaciones de seguridad social relacionadas.

Hablemos de cifras. Actualmente, el salario mínimo se sitúa en 510.000 pesos, pero con el reajuste —ya ratificado por ambas cámaras legislativas— pasará a 529.000 pesos retroactivos a mayo, y se incrementará a 539.000 a partir de enero de 2026. La falta de divergencias entre las cámaras respecto a estos montos es una señal positiva para alcanzar un consenso rápido.

Con este impasse, los beneficiarios del sueldo mínimo recibirán el aumento a 529.000 pesos en la nómina de junio. Además, de forma adicional en ese mismo pago, se deben incluir los 19.000 pesos pendientes de mayo, siguiendo la lógica de la retroactividad. Esta estrategia legislativa pretende, por encima de todo, proteger a los trabajadores de los retrasos en el proceso de aprobación.